Nuevo choque entre los Ministerios de Trabajo y Economía, en esta ocasión, a cuenta del registro horario. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este martes al departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo de intentar frenar su propuesta normativa, después de que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen desfavorable.
“A pesar de los intentos del Ministerio de Economia vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario. Hay 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana que tienen que empezar a pagarse. Somos un gobierno de izquierdas y protegemos a la gente trabajadora”, ha escrito Díaz en su cuenta de la red social Bluesky.
Cuerpo asegura que el objetivo es “compartido”
En respuesta, Cuerpo ha subrayado que el registro horario, unido al proyecto de reducción de la jornada laboral, tiene un “objetivo ambicioso” y “compartido” en el Gobierno de coalición. No obstante, ha añadido que es también importante “asegurar que la implementación” sea “equilibrada” para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para que “puedan llevar a cabo esta importante conquista para los trabajadores”.
En paralelo, fuentes del Ministerio de Trabajo han tachado de “incomprensible” que el informe del Consejo de Estado se posicione “en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley” y que las empresas “que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto”. Además, han recordado que el registro horario forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar firmado en 2023.
Su proyecto de Real Decreto plantea un registro digital que pueda revisarse en cualquier momento tanto por la persona trabajadora, como por los sindicatos y la inspección, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales del contrato, favorecer la conciliación de la vida personal y asegurar la desconexión digital. Sería, además, verificable en tiempo real y se aplicará a todas las jornadas (ordinarias, extraordinarias, flexibles o complementarias a tiempo parcial), según la propuesta de Trabajo que ha sido cuestionada por el Consejo de Estado.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha causado reiterados desencuentros entre las dos partes. La vicepresidenta y ministra de Trabajo llegó a afirmar que era “casi de mala persona” oponerse a la medida y posicionarse “del lado de la patronal”, algo que el ministro de Economía ha venido negando, si bien se ha mostrado más partidario de “acompañar a las empresas” en el proceso.
