“Abrir un debate político sobre algunos convenios europeos y sobre la capacidad de esos convenios para abordar grandes cuestiones actuales empezando precisamente por la cuestión de la migración”, declaró el jueves por la noche Giorgia Meloni en un encuentro con la prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Los países afirmaron que quieren “una conversación nueva y abierta sobre la interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos”, según el texto, difundido por la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
“Tenemos que restablecer el equilibrio adecuado”, afirmaron los firmantes.
El convenio, que entró en vigor en 1953, abarca el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la tortura y los tratos degradantes, la libertad de expresión o la prohibición de la discriminación.
Sus disposiciones son de obligado cumplimiento para los 46 países firmantes, incluidos los 27 miembros de la UE, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta sentencias vinculantes.
La carta abierta se publicó tras una reunión en Roma entre Meloni y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ambas de línea dura en materia de inmigración.
También la firmaron los dirigentes de Austria, Bélgica, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa.
“Pertenecemos a familias políticas diferentes”, afirmaron. Sin embargo, todos coincidieron en que es “necesario iniciar un debate sobre cómo los convenios internacionales se ajustan a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día”.
“También creemos que es necesario analizar cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado su interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos”, indicó el documento.
“Creemos que la evolución de la interpretación del Tribunal ha limitado, en algunos casos, nuestra capacidad de tomar decisiones políticas en nuestras propias democracias”, agregó.
El gobierno de Meloni prometió reducir la inmigración ilegal, pero su política de gestionar centros de inmigrantes en Albania se topó con una serie de obstáculos legales.
Algunos jueces italianos se negaron a validar la retención en Albania de migrantes interceptados en el mar por las autoridades italianas, remitiendo las cuestiones legales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal aún no se ha pronunciado.
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