Las principales patronales y empresas del sector tecnológico en España han encendido todas las alarmas tras la apertura del trámite de audiencia pública del nuevo Proyecto de Real Decreto para centros de datos. La normativa, impulsada de urgencia por el Ejecutivo central, busca mitigar el riesgo de una saturación en la red eléctrica ante la avalancha de megaproyectos de multinacionales como Amazon, Google y Microsoft. Sin embargo, la industria advierte con firmeza que el rigor de las nuevas exigencias de sostenibilidad y soberanía digital amenaza con desviar miles de millones de euros en inversiones hacia otros destinos de la Unión Europea.
El borrador del texto impone un severo filtro para cualquier instalación que supere un megavatio (MW) de potencia, estableciendo cuatro pilares regulatorios que las corporaciones consideran “asfixiantes”:
- Adicionalidad renovable: Las operadoras no podrán limitarse a contratar la energía verde ya existente en el mercado. Por cada megavatio consumido, deberán garantizar la instalación de un nuevo megavatio de generación renovable en territorio nacional dentro de los 18 meses previos a su entrada en operación.
- Correlación horaria estricta: Al menos el 80% de la electricidad consumida por los complejos tecnológicos en cada hora del día deberá provenir de fuentes renovables generadas en esa misma franja horaria. Esta condición forzará a las empresas a sobredimensionar sus plantas energéticas o a acometer multimillonarias inversiones adicionales en sistemas de almacenamiento masivo y baterías.
- Eficiencia de recursos: Las infraestructuras estarán obligadas a certificar la máxima categoría de eficiencia energética (Etiqueta A) exigida por la Unión Europea. Este apartado técnico plantea una dura encrucijada operativa en las regiones áridas del país, dado que los sistemas de refrigeración que ahorran electricidad tienden a elevar el consumo hídrico de manera sustancial.
- Soberanía de datos: En línea con las directrices comunitarias de seguridad, los operadores de estas infraestructuras críticas deberán estar plenamente establecidos dentro de la Unión Europea, manteniendo la custodia de los registros, metadatos y el control operativo blindado frente a accesos no autorizados por parte de terceros países.
“A los pies de los caballos”
Asociaciones clave del sector como Spain DC y Ametic han manifestado su profunda preocupación ante lo que definen como una pérdida inminente de competitividad internacional. Desde la industria recuerdan que ciudades como Madrid o Barcelona no compiten internamente, sino que se disputan los proyectos tecnológicos de gran escala frente a capitales como París, Milán, Lisboa o Helsinki, cuyos marcos regulatorios resultan mucho más flexibles.
Las patronales alertan que, si bien los gigantes tecnológicos globales (hyperscalers) cuentan con el músculo financiero para absorber el coste de desarrollar sus propias redes de energía, el Decreto expulsa del tablero a los operadores independientes medianos, de entre 10 y 50 MW, para quienes las exigencias de inversión resultan inviables. A esto se suma el factor del tiempo: los desarrollos que actualmente se encuentran en fase de tramitación contarán con apenas seis meses para adaptarse por completo a la nueva legislación o se arriesgarán a perder sus derechos de acceso y conexión a la red de distribución eléctrica.
Un freno a la “burbuja eléctrica”
Desde los ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital defienden la urgencia de la reforma con el fin de evitar un colapso del sistema, citando los precedentes críticos de Irlanda, Singapur o los Países Bajos, donde los centros de datos llegaron a absorber hasta una quinta parte de la energía nacional.
El Ejecutivo destaca que la cartera de proyectos acumulados y solicitados en España ya suma una potencia conjunta de 12 gigavatios (GW), una cifra que equivale a toda la capacidad de generación nuclear instalada hoy en el país. Las autoridades han remarcado que el incumplimiento reiterado de las nuevas directrices ambientales y de red acarreará severas sanciones financieras e, incluso, la desconexión total y definitiva del suministro eléctrico de los complejos infractores. El debate corporativo y gubernamental entra ahora en su fase decisiva en las mesas de alegaciones.
