La reforma del sistema de pensiones en España enfrenta el reto demográfico de envejecimiento de la población, con el Gobierno proyectando que la mitad de los ciudadanos de 65 años esté trabajando en una década, duplicando la cifra actual del 20%.
El plan gubernamental se basa en incentivar la jubilación demorada y en alcanzar el pleno empleo, reduciendo el gasto en pensiones en 1.4 puntos de PIB.
Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) discrepa de estas proyecciones y sostiene que el ahorro será menor de lo previsto, mientras que el logro del pleno empleo y la productividad del trabajo siguen siendo desafíos cruciales para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Gobierno español busca impulsar un aumento en la participación de los mayores en el mercado laboral, con un tercio de la población de 65 a 74 años trabajando en 2040, según las previsiones.
No obstante, para que estas cifras se cumplan, se requerirá un cambio significativo en el comportamiento de los trabajadores y las empresas.
La reforma también depende del pleno empleo, el aumento de la productividad y un repunte en los flujos migratorios adaptados a las necesidades laborales, lo que presenta un desafío complejo para el sistema de pensiones.
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