El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta de forma explícita a la concesión de un indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de la celebración de las próximas elecciones generales, fijadas para el 29 de noviembre de 2026.
En una entrevista concedida a elDiario.es, Sánchez ha asegurado que “no descarta” aplicar esta medida de gracia. En paralelo, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha confirmado en declaraciones a la emisora RAC 1 que el expediente ya se encuentra en fase de tramitación dentro de su departamento ministerial para evaluar su aprobación definitiva en los próximos días. El procedimiento cuenta ya con el informe favorable de la Fiscalía.
Origen de la condena judicial
La medida busca extinguir la pena impuesta por el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, quien fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El origen de la causa penal se remonta a la filtración de una serie de correos electrónicos pertenecientes a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En dichos mensajes, González Amador reconocía haber cometido fraude fiscal, un escándalo que tensionó la relación entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño.
Choque político en plena precampaña
El anuncio ha dinamitado el arranque de la precampaña electoral, activada tras la reciente disolución de las Cortes Generales provocada por el rechazo parlamentario a los decretos de vivienda del Ejecutivo.
La oposición ha reaccionado con dureza ante la posibilidad de un indulto exprés a través de la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad legislativa mínima hasta la constitución del nuevo Parlamento. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de buscar una vía de urgencia por decreto porque, según sus palabras, “sabe que va a perder” las elecciones del 29-N y necesita “pagar rápido los favores pendientes” antes de una eventual salida de La Moncloa.
Por su parte, el bloque gubernamental defiende la legalidad de seguir aprobando medidas y decretos pendientes durante este periodo interino, asegurando que la actividad ejecutiva no se detendrá por la cita con las urnas.
