El clima político español se ha tensado tras las duras declaraciones del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien acusó formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer “ingeniería electoral”. La oposición sostiene que el Ejecutivo utiliza la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática —conocida popularmente como “Ley de Nietos”— para “fabricar votantes” en el extranjero de cara a los próximos comicios.
Feijóo, arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sembró dudas sobre el proceso de nacionalización. Aseguró que la normativa actual faculta al Gobierno para asignar arbitrariamente provincias de votación a los solicitantes que no acrediten un origen geográfico claro, lo que podría desequilibrar el reparto estratégico de escaños. Asimismo, denunció una presunta externalización de la revisión de expedientes en Cuba a través de una empresa estatal de la isla. Ante esta situación, el presidente de los populares anunció que, de llegar a la Moncloa, reformará de inmediato la Ley de Nacionalidad para exigir mayores requisitos a quienes nunca hayan pisado suelo español.
Vox se suma al bloque de rechazo
La ofensiva de la derecha sumó también la voz del partido Vox, cuya formación calificó la medida como una “salvaje ley de tataranietos” carente de plenas garantías jurídicas. Desde el partido de Santiago Abascal exigieron la nulidad absoluta de esta disposición legal, sumándose a la sospecha de que existe una maniobra deliberada para diluir el censo nacional con millones de nuevos electores sin arraigo real.
El Gobierno responde con datos del censo
La respuesta del bloque gubernamental no se hizo esperar. La ministra portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, tildó las declaraciones de la oposición de “irresponsabilidad y frustración máxima”, defendiendo que la ley es un acto de “justicia histórica y reparación” para los descendientes del exilio español.
Fuentes diplomáticas y de la administración pública desmintieron los argumentos de Feijóo aportando las cifras oficiales del proceso:
- Sin delegación de soberanía: La evaluación de cada expediente recae de forma exclusiva y estricta en funcionarios del cuerpo consular de España, no en personal extranjero o subcontratado.
- Decisión del ciudadano: El propio solicitante es quien elige formalmente su vinculación con un municipio en el padrón electoral según sus lazos familiares documentados.
- Cifras reales frente a proyecciones: Pese a los 2,4 millones de citas previas registradas en el exterior, el volumen de expedientes formalmente recibidos asciende a 1,2 millones. De ellos, 544.722 han sido aprobados y únicamente 306.500 personas constan actualmente inscritas con derecho a voto activo en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Pese a la contundencia de las acusaciones iniciales, el propio portavoz nacional del PP, Borja Sémper, matizó horas después la postura del partido. Sémper rebajó el tono del debate al aclarar que la formación conservadora no “prejuzga el sentido del voto” de los nuevos españoles en el exterior y garantizó que el PP saldrá a competir con propuestas para ganar su confianza en las urnas.
