El Gobierno de España ultima un paquete de medidas urgentes para atajar de forma definitiva la alta tasa de temporalidad en el sector público. La pieza central de esta reforma establece un tope máximo de 200.000 plazas estructurales cubiertas por personal interino en el conjunto de las administraciones, un límite con el que el Ejecutivo busca cumplir con las exigencias de la Unión Europea y la reciente jurisprudencia de los tribunales.
El plan del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública forzará una aceleración sin precedentes en los procesos de estabilización y en las ofertas de empleo público para convertir los puestos provisionales en plazas fijas de carrera.
El fin de los interinos “eternos”
Las nuevas directrices jurídicas persiguen erradicar la concatenación de contratos temporales en la Administración, una práctica que la justicia europea ha sancionado reiteradamente por considerarla abusiva.
- Sanciones por fraude: El texto normativo castigará económicamente a aquellas administraciones que mantengan a un interino más de tres años en una vacante estructural.
- Compensaciones al trabajador: Los empleados públicos temporales que sean cesados tras encadenar contratos de forma irregular tendrán derecho a una indemnización económica de 20 días por año trabajado.
- Prohibición de recontratación: Las plazas que queden vacantes tras superar el plazo legal no podrán ser cubiertas de nuevo por personal temporal, obligando a su amortización o a su convocatoria inmediata por oposición.
Presión europea y control autonómico
Este movimiento normativo responde a la necesidad de rebajar la tasa de temporalidad pública por debajo del 8 %, un compromiso vinculante adquirido con Bruselas para el desembolso de los fondos comunitarios. Actualmente, las comunidades autónomas —especialmente en los sectores de sanidad y educación— concentran los mayores índices de precariedad interina.
Los sindicatos mayoritarios del sector público han recibido el anuncio con cautela. Aunque valoran positivamente la imposición de un tope cuantitativo para proteger los derechos laborales, exigen al Gobierno que los procesos de consolidación de plazas no dejen desamparados a los profesionales que llevan décadas encadenando contratos en fraude de ley.
