El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado un acuerdo estratégico sin precedentes para coordinar sus candidaturas al Senado de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El pacto contempla que Vox retire sus listas en seis provincias, mientras que el PP no presentará papeleta en otras tres, con el objetivo de optimizar el voto conservador y neutralizar la alianza de izquierdas “Senado de Progreso”.
Según detalló el secretario general del PP, Miguel Tellado, la coalición busca no solo retener la mayoría absoluta en la Cámara Alta, sino ensancharla hasta alcanzar el umbral de los tres quintos. Esta “supermayoría” permitiría al bloque de la derecha desbloquear de forma directa la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional sin depender de consensos con el PSOE.
Distribución territorial del pacto
Los detalles de la ingeniería electoral pactada por ambas formaciones se dividen en tres bloques de actuación:
- Retirada de Vox (6 provincias): La formación de Santiago Abascal no presentará lista propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En su lugar, el PP integrará en sus listas a un candidato independiente propuesto por Vox en la segunda o tercera posición.
- Retirada del PP (3 provincias): Los populares no competirán en Guipúzcoa, Tarragona y Girona, circunscripciones históricamente hostiles donde la formación no cuenta actualmente con representación.
- Candidatura única de Vox (14 provincias): En territorios como Sevilla, Asturias, Badajoz, Navarra, Zaragoza, Alicante y Granada, entre otros, Vox presentará un único candidato. De este modo, los votantes de Vox podrán apoyar a su representante y completar su papeleta seleccionando a dos candidatos del PP. En el resto de las provincias de España, ambos partidos mantendrán su competencia habitual.
Reacciones políticas
El acuerdo ha modificado de inmediato la dinámica de la precampaña. Miguel Tellado defendió que la alianza responde a lo que “demanda una mayoría de españoles” para asegurar un cambio político en el país.
Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez reaccionó definiendo el pacto en redes sociales como “un mismo proyecto político de involución”. Por su parte, la secretaría de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó el movimiento como “la alianza de la motosierra y la coalición de los recortes”, augurando un retroceso en derechos sociales y pensiones si el bloque de la derecha consolida su control institucional.
