La capacidad de acogida de menores migrantes por cada comunidad autónoma ha sido definida en un Real Decreto aprobado por el Gobierno con el fin de terminar la situación de hacinamiento que sufren Canarias y Ceuta.
Con el decreto aprobado, el Gobierno regula la puesta en marcha de la derivación de menores migrantes no acompañados dando un “paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante“, según ha manifestado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
“Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria”, ha afirmado a continuación.
El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir la ratio fijada, de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes. El decreto ha suscitado el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas.
Situación de contingencia migratoria
Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías tienen actualmente en acogida a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.
Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora, actualmente acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde; Comunidad Valenciana, a 1.216 menos y Galicia, a 620.
Con la entrada en vigor de este decreto, arrancará el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.
La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.
El Gobierno celebrará una reunión interministerial el próximo martes para dar inicio a los traslados, según ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades. Los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).
Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.
Sistema de reparto recurrido al Constitucional
Este martes algunas comunidades autónomas, como Madrid o La Rioja, han expresado ya sus quejas por un sistema que a su juicio va a desbordar sus capacidades.
Este sistema lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional diez autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE). Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto.
Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha declarado que “no sabemos ni edades ni necesidades de los menores“. Manuel Pavón, director general de Inmigración del Govern Balear ha cuestionado el sentido de que “acojamos ahora a 49 menores si vamos a tener que repartir nosotros en unos meses”.
Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.
