El Gobierno de España ha decidido dar marcha atrás y flexibilizar de forma notable el futuro real decreto regulador del sector de las tecnologías de la información. En una modificación regulatoria de última hora, el Ejecutivo ha suavizado de forma sustancial las exigencias ambientales y energéticas exigidas originalmente para la instalación de nuevos centros de datos (data centers).
Esta rectificación, impulsada conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transformación Digital, responde a las intensas presiones de la industria tecnológica. Las multinacionales del sector habían alertado del riesgo inminente de perder inversiones millonarias en favor de otros países europeos debido a la rigidez del borrador inicial. El texto definitivo ya ha sido remitido al Consejo de Estado con la intención de acelerar su aprobación antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Exenciones y mayor margen energético
El principal cambio de la nueva normativa radica en el ámbito de aplicación. El Gobierno ha decidido elevar el umbral de potencia de acceso a la red de 1 megavatio (MW) a 10 MW. Con esta medida, todos los proyectos de menor tamaño o de proximidad quedan completamente exentos de cumplir con las restricciones e inspecciones ambientales más duras del decreto.
Asimismo, aunque se mantiene la máxima exigencia en el consumo de recursos hídricos (etiqueta ‘A’ europea), el Ejecutivo ha otorgado un respiro energético a las empresas. El margen transitorio de eficiencia energética (PUE) se ha flexibilizado del 1,15 original al 1,25, adaptándolo a las diferentes realidades climáticas de las regiones españolas. Este periodo de transición permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031.
Flexibilidad renovable a cambio de “desconexiones”
La normativa también abre la mano en el origen de la electricidad. El borrador previo obligaba a que las plantas renovables asociadas a los centros de datos no tuvieran más de 18 meses de antigüedad; ahora, ese plazo se amplía a los 36 meses, permitiendo además el uso de plantas fotovoltaicas preexistentes y sistemas de almacenamiento. Del mismo modo, la exigencia de que el 80% de la energía de cada hora del año sea limpia se sustituirá por un esquema progresivo de cinco años.
A cambio de esta laxitud temporal, el Gobierno ha introducido una contrapartida técnica: las empresas deberán adherirse voluntariamente al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Esto faculta al operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica) a realizar desconexiones físicas de los centros de datos en momentos de saturación o estrés de la red general, sin que las compañías tecnológicas tengan derecho a percibir ningún tipo de indemnización económica por el cese temporal de su actividad.
