El Consejo de Ministros de España tiene previsto aprobar este martes, 20 de octubre de 2026, un importante real decreto ley que contempla una batería de reformas para ampliar derechos laborales y mejorar la cuantía de diversas prestaciones sociales. La iniciativa marca el inicio de una estrategia coordinada por la Moncloa bajo la denominación interna de “los martes sociales”. El objetivo del Ejecutivo es validar medidas de fuerte impacto ciudadano en cada una de las reuniones ministeriales que restan antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Al encontrarse las Cortes Generales disueltas, el paquete legislativo impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deberá ser convalidado en un plazo máximo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso. Desde el sector gubernamental defienden estas decisiones asegurando que su prioridad es “gobernar hasta el final”. Al mismo tiempo, buscan contraponer su modelo de protección pública frente a las propuestas de la oposición.
Nuevas bajas laborales y conciliación
El decreto ley introduce modificaciones de calado en la cobertura por incapacidad temporal y en las bajas de cuidados familiares:
- Incapacidad por menopausia y violencia de género: Se amplía la protección para mujeres que sufran patologías asociadas a la menopausia, así como para las víctimas de violencia machista. En ambos casos, la prestación económica cubrirá el 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y ascenderá al 75% a partir del día 21. La empresa empleadora abonará únicamente el salario correspondiente al primer día de la ausencia, corriendo el resto de los pagos a cargo de la Seguridad Social.
- Cuidado de menores con enfermedades graves: La flexibilización de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otras patologías graves (CUME) permitirá a los progenitores percibirla de manera alternativa o simultánea. Asimismo, la ayuda podrá extenderse más allá del límite de los 26 años cuando el afectado acredite un grado III de dependencia o una gran discapacidad.
Mejoras e incrementos en el bloque de pensiones
La norma actualiza diversas cuantías contributivas y asistenciales que habían quedado desfasadas respecto al coste de vida actual:
- Viudedad en parejas de hecho: Se agiliza el acceso a esta pensión eliminando trabas administrativas. A partir de ahora, la existencia de hijos en común será acreditación suficiente para reconocer legalmente la relación. El texto legal habilita además una ventana de 12 meses para revisar de oficio o a petición de parte las solicitudes que fueron denegadas con el marco normativo anterior.
- Víctimas del terrorismo: Las pensiones extraordinarias por actos terroristas se elevan para garantizar que ninguna prestación quede por debajo de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto sitúa el suelo de estos ingresos en 2,442 euros mensuales, lo que representa un incremento del 36% sobre los criterios anteriores.
- Huérfanos por violencia de género: Se incrementa la cuantía de la protección económica. Las prestaciones de carácter contributivo se fijan con un suelo equivalente a dos veces el SMI, mientras que las pensiones no contributivas se elevarán progresivamente hasta alcanzar ese mismo tope regulatorio.
- Fondo de Garantía de Pago de Alimentos: Para proteger a los menores frente al impago de las pensiones alimenticias por parte de uno de sus progenitores, el Gobierno triplica el anticipo máximo mensual, pasando de 100 a 300 euros por beneficiario, ampliando a su vez el periodo de duración de esta cobertura.
Inversión en residencias estudiantiles
De forma paralela a la reforma de las pensiones, el Consejo de Ministros dará luz verde a una partida presupuestaria de 45 millones de euros destinados a la construcción y reforma de residencias universitarias públicas. El plan financiará en una primera fase siete proyectos distintos distribuidos por el territorio nacional, con los que se prevé incorporar cerca de 2,000 plazas de alojamiento estudiantil para atenuar la crisis de precios en el mercado del alquiler.
Esta inyección económica se tramitará junto a la aprobación del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario. Este texto jurídico actualizará el marco de convivencia estudiantil vigente desde el año 2010 y regulará nuevos derechos en materia de conciliación, apoyo psicológico, becas y desconexión digital.
