La huelga general del próximo 11 de noviembre, convocada al calor de las protestas por la crisis de la vivienda para reivindicar salarios dignos, ya está registrada en el Ministerio de Trabajo. Representantes de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, así como CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices y otras tres organizaciones, han realizado el registro oficial de la convocatoria, que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ya ha anunciado que impugnarán.
“Se ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal, pero consideramos que no lo es”, ha afirmado Garamendi en un acto de la Federación de Autónomos ATA, y ha pedido que “no se incendien las calles”.
Los sindicatos rechazan que sea una huelga partidista
El líder de la patronal ha hablado de “huelga electoral” porque se celebrará solo dos días antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, una acusación que los sindicatos ya habían contestado antes en el Ministerio de Trabajo.
“Todas las huelgas generales son políticas, pero no quiere decir que [esta] sea partidista”, ha advertido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en declaraciones ante los medios al realizar el registro. “Apela a políticas públicas y al conjunto de las administraciones y, particularmente, a las que se han opuesto radicalmente a cualquier medida que facilite el acceso de la población española a una vivienda digna y a precio asequible”, ha añadido, al tiempo que ha subrayado los motivos “laborales” del paro de 24 horas, relacionados con su propuesta de subidas salariales junto a UGT: entre el 4% y el 7% de manera general y de al menos el 7% para el salario mínimo interprofesional.
“No hay salario ni convenio que pueda permitirnos acceder a una vivienda”, ha señalado igualmente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha pedido a la patronal que se siente a negociar los convenios sectoriales, y ha deslizado que los “destinatarios” de sus reivindicaciones son “los que se sienten aludidos”, en referencia también a las críticas del Partido Popular. “Debe ser que tienen algún problema de conciencia”, ha concluido Álvarez.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha calificado de “hito histórico” la convocatoria para “pararlo” y “cambiarlo todo” de la mano de las organizaciones de trabajadores, y ha anunciado la creación de la herramienta “TOKA” para organizar las movilizaciones, las pegadas de carteles y los piquetes informativos del 11N.
Las representantes de CNT y CO-BAS, Nieves Román y Andrea Zayas, respectivamente, han destacado la unión sindical en esta cita en defensa de la clase trabajadora, mientras que Almudena Villar, de Intersindical, ha puesto el acento en la defensa de los servicios públicos. Finalmente, Ángel González, de Solidaridad Obrera, ha llamado a la “acción directa” para “salvar a la clase obrera de convertirse en esclavos”.
“La vivienda es un derecho que compite contra fondos buitre y grandes especuladores, y nuestra única arma son los salarios, que, pese a los datos económicos generales, no suben. El mercado de la vivienda es la lucha de David contra Goliat, pero en este caso David tiene una mano atada a la espalda”, ha comentado con más poesía el actor Juanjo Artero, como secretario general de la Unión de Actores y Actrices. Ante la prensa , ha explicado los problemas añadidos de los profesionales del sector para firmar contratos de alquiler o hipotecas cuando suelen tener trabajos intermitentes.
De acuerdo con la normativa española, las huelgas que afecten a los servicios públicos deben realizarse con al menos diez días de preaviso para poder organizar los servicios mínimos.
La patronal denuncia motivos políticos
En el acto de los Premios ATA, Garamendi ha cuestionado que se culpe a los empresarios de la inflación y ha señalado, en cambio, la subida de los costes de la Seguridad Social. Seguidamente, ha vuelto a vincular las protestas con el próximo ciclo electoral: “Pedimos que no se incendien las calles si no ganan y lo digo con preocupación”.
Las patronales CEOE y Cepyme ya juzgaron que la huelga era “difícilmente justificable” y señalaron que se estaría utilizando a las empresas y sus trabajadores como “tablero para influir” en las elecciones del 29N. “Las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral”, indicaron en un comunicado al conocer la intención de los sindicatos de convocarla.
El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece que sería ilegal si se inicia por “motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, pero ya en otras ocasiones los paros se han convocado por cuestiones laborales que se tocan con otras de índole política o, incluso, geopolítica, como las huelgas generales por el “genocidio” en Palestina de los últimos dos años.
A principios de octubre, Garamendi apuntó también que la huelga parece organizada “contra la oposición, no contra el Gobierno”, algo que también ha criticado el PP. “Es una huelga política, si no, no se manifestarían contra la oposición”, sostuvo el portavoz popular, Borja Sémper, en una entrevista en RNE y reprochó la inacción de los líderes sindicales en los últimos ocho años. “La utilización partidista hace un flaco favor a la credibilidad de los sindicatos”, zanjó.
