Esta decisión fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Sira Rego.
El Gobierno ha confirmado este martes, tras el Consejo de Ministros, que emprenderá acciones legales contra las comunidades autónomas que se nieguen a colaborar en la reubicación de miles de menores migrantes acogidos en Canarias y Ceuta.
El primer objetivo será Aragón, la comunidad que ha opuesto más resistencia.
El Ejecutivo ha llevado ante el Tribunal Constitucional (TC) la negativa de Aragón de aportar datos sobre los niños y adolescentes extranjeros que acoge, tal y como mandata el nuevo decreto convalidado en el Congreso hace un mes. Se trata del primer contraataque de la Moncloa al rechazo de las comunidades gobernadas por el PP al sistema de reubicación de los 4.400 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, según establece la reforma de la ley de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia detallan a 20minutos que lo interpuesto este miércoles es un “conflicto de competencias” contra el Gobierno de Aragón, “porque no ha atendido las exigencias derivadas de la aplicación del real decreto”.
Esta comunidad fue la única que no aportó las cifras que pidió la ministra Sira Rego para dimensionar los sistemas de acogida de cada región y hacer un cálculo de a cuántos menores les corresponderá acoger a cada autonomía para aliviar la situación de Canarias y Ceuta.
No lo hizo en el primer plazo marcado, que venció el 31 de abril; y tampoco lo ha hecho después de que el ministerio volviese a solicitar formalmente a las comunidades una corrección de los datos sobre la acogida de niños y adolescentes migrantes en la última Sectorial de Infancia.
Así lo ha denunciado también la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a ese recurso. “El decreto fue aprobado el 18 de marzo y, por tanto, es de obligado cumplimiento para todos los territorios”, ha señalado.
Para el Ejecutivo, el Gobierno de Aragón está incumpliendo con una ley ya en vigor y también con el “deber de colaboración” entre comunidades que establece la Constitución. Según Infancia, la consejera Carmen Susín ha expresado desde el primer momento su negativa a cumplir con la reforma, ya que reiteró en más de una ocasión que su gobierno “no va a colaborar” en el reparto de menores migrantes no acompañados.
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