En un fallo histórico dictado por unanimidad, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses de cárcel. La sentencia, de 224 páginas y bajo la ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que ambos exdirigentes lideraron una organización criminal que aprovechó su poder político para lucrarse mediante contratos públicos durante la pandemia.
El Alto Tribunal ratificó los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Aunque las penas son elevadas, la justicia fijó los límites máximos de cumplimiento efectivo en 16 años y medio para Ábalos y 15 años para García. Ambos exdirigentes ya se encontraban cumpliendo prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real desde finales de noviembre del año pasado.
Por su parte, el empresario y comisionista de la trama, Víctor de Aldama, recibió una pena de 4 años y medio de prisión. Sin embargo, el Supremo acordó la suspensión de su ingreso en la cárcel gracias a una atenuante muy cualificada de confesión, al determinar que su colaboración plena con los investigadores resultó decisiva para el esclarecimiento de los hechos.
Una red de sobornos, contratos a dedo y prebendas
La resolución judicial da por probado el desvío millonario de fondos públicos y un sistemático esquema de corrupción institucionalizado en el Ministerio de Transportes. Entre los principales hechos acreditados destacan:
- Adjudicaciones irregulares: La red intermedió de forma directa en contratos públicos por un valor total de 13 millones de mascarillas para entes estatales como Puertos del Estado y Adif a través de la empresa Soluciones de Gestión, generando comisiones ilícitas de 6,6 millones de euros.
- Sobornos en metálico: El tribunal constató que el exministro Ábalos recibía una contraprestación fija de 10.000 euros mensuales por parte de Aldama para cubrir supuestos “gastos fijos”.
- Contratos fantasma: Se demostró que el exministro forzó la contratación irregular de conocidas de su entorno en empresas públicas dependientes como Ineco y Tragsatec.
- Dádivas inmobiliarias: La trama corrupta financió el alquiler de un piso en el Paseo de la Castellana en Madrid para uso del entorno de Ábalos y gestionó opciones de compra de inmuebles en Marbella y La Línea de la Concepción a cambio de favores políticos, incluyendo la mediación en el rescate de Air Europa.
Duro reproche del tribunal a la cúpula política
La sentencia del Tribunal Supremo concluye con una dura amonestación a los implicados, señalando que sus actos provocaron un “grave deterioro de la confianza ciudadana” y un ataque frontal a la “arquitectura democrática del Estado”. Los magistrados subrayaron la gravedad de que estas conductas delictivas no correspondieran a hechos aislados, sino a una red corrupta operada con total impunidad desde el escalafón más alto del poder político.
