En el marco de la segunda jornada del 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, la sesión vespertina ha celebrado el foro especializado “España, puente entre Europa y Latinoamérica”, un espacio orientado a estrechar los lazos de cooperación tecnológica y empresarial entre ambas regiones.
Representantes de la administración pública, organismos multilaterales y líderes de la industria digital han debatido sobre las oportunidades de inversión bilateral, el desarrollo de marcos regulatorios comunes y el fomento del emprendimiento, destacando el valor de las alianzas estratégicas para acelerar la transformación digital, potenciar el talento y consolidar la competitividad en un mercado global cada vez más interconectado.
Europa: la clave no es cuánto se regula, sino cómo se implementa
La sesión ha arrancado con la intervención de Cecilia Bonefeld-Dahl, directora general de DigitalEurope, que ha destacado la posición alcanzada por España en los índices europeos de digitalización y el peso creciente de sus unicornios y empresas emergentes. Su mensaje de fondo ha sido el equilibrio entre progreso tecnológico y bienestar de los ciudadanos: quien disponga de la tecnología más avanzada marcará el rumbo global, por lo que Europa no puede permitirse quedar descolgada de la carrera tecnológica.
A continuación, José Martínez Usero, director de proyectos de DigitalEurope, ha trasladado el foco de la norma a su aplicación: lo relevante no es cuántas directivas se aprueban, sino cuántas se implementan de forma que generen oportunidades para las empresas y mejores servicios públicos. Ha situado a España entre los países mejor posicionados en conectividad y ha puesto como ventaja competitiva el trabajo de la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, con sus sandboxes regulatorios y sus guías de implementación y de riesgos. Entre las asignaturas pendientes ha citado la financiación de la innovación —con el objetivo de elevar del 7% al 25% el peso de los fondos europeos destinados a este fin—, la agenda de simplificación, con una reducción del 25% de las cargas administrativas y la aplicación del principio de pensar primero en la microempresa, y la realidad de un mercado único todavía fragmentado, en el que sólo alrededor del 5% de la contratación pública es transfronteriza.
“Una regulación sin institución es decoración”
Paul Fervoy, presidente honorario de ALETI, ha introducido el marco latinoamericano con una precisión de partida: no existe un cuerpo normativo regional equiparable al europeo, sino una veintena de regulaciones nacionales con grados de madurez muy distintos y sin instrumentos vinculantes de alcance regional, por lo que copiar el modelo europeo no resolvería el problema. Ha situado la novedad institucional más relevante de la última década fuera de las legislaciones nacionales, en la adhesión progresiva a instrumentos como el DEPA, el primer acuerdo internacional dedicado en exclusiva a la economía digital, del que Chile es todavía el único país latinoamericano firmante. Su diagnóstico apunta a la capacidad del Estado para operar lo que firma: donde hubo carrera pública hay memoria institucional, mientras la agenda digital se sostiene casi siempre sobre unidades de proyecto, consultorías y cargos de confianza que se reinician con cada cambio de gobierno. “Una regulación sin institución es decoración”, ha resumido.
De ahí deriva, a su juicio, el papel específico de España, que no es el de intermediario: “Lo que aporta España no es acceso, es tiempo”, ha señalado, porque la lengua, los marcos jurídicos y las empresas españolas presentes desde hace décadas en la región hacen que buena parte del trabajo de construir una coalición birregional esté ya hecho. Fervoy ha propuesto cuatro preguntas que debería poder responder cualquier proyecto de cooperación digital entre las dos orillas: si las empresas latinoamericanas son socias del consorcio o sólo implementadores locales; si el reconocimiento de estándares es de doble vía; quién opera lo construido el día después; y si existe portabilidad de talento y de certificaciones en ambas direcciones. Y ha pedido que la agenda digital de Madrid incorpore explícitamente la dimensión de capacidad institucional, y no sólo principios: “Lo que falta no es construir ese puente, ya está; lo que tenemos que hacer es usarlo”.
Del Foro Digital Iberoamericano a una Alianza Iberoamericana de IA
Susana de Prado, directora de la Oficina para la España Digital 2030 de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha presentado el Foro Digital Iberoamericano que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública organizará el 3 de noviembre en Madrid como preámbulo de la Cumbre Iberoamericana, y que ha definido como “la sala de máquinas” donde se prepararán los consensos que después abordarán los jefes de Estado y de Gobierno. El foro se estructurará en cuatro ejes: derechos digitales y protección de menores, servicios públicos innovadores, conectividad y ciberseguridad, e inteligencia artificial confiable y soberana.
De Prado ha reivindicado una idea de soberanía digital que “no es levantar muros ni encerrarse, sino existir con voz propia en la conversación global”, en una comunidad de 650 millones de personas en 22 países unidas por un marco cultural y lingüístico común. El principal entregable digital de la cumbre será una Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, consensuada con toda la comunidad iberoamericana tras constatar que varios países estaban replicando por separado los mismos esfuerzos, y articulada en tres pilares: datos de más calidad, interoperables y trazables; modelos abiertos, auditables y reutilizables que funcionen en español, portugués y las demás lenguas oficiales e indígenas; y supercomputación cooperativa que conecte capacidades nacionales y reduzca dependencias externas. Lo ha ilustrado con el caso de un emprendedor chileno al que un sistema entrenado en inglés deniega un crédito por interpretar “cancelar una deuda” como dejar de pagarla: “No queremos una inteligencia artificial que nos traduzca. Queremos una inteligencia artificial que nos entienda”.
El ecosistema iberoamericano: talento y exportación frente al reto del idioma
En el panel moderado por De Prado, Pablo Fiuza, presidente de CESSI (Argentina), ha dimensionado el sector con datos de empleo: la industria del software emplea en su país unas 160.000 personas, más del doble que la automoción, y ha crecido cerca de un 70% en una década frente a un 2% del conjunto del empleo privado. José Luis Barzallo, presidente de CITEC (Ecuador), ha situado a la región por encima de las medias mundiales en acceso a internet y uso de inteligencia artificial, pero con una inversión tecnológica todavía inferior al 2% del PIB, y ha propuesto tres terrenos donde competir con ventaja: el software y los servicios tecnológicos, la inteligencia artificial aplicada a sectores que la región conoce a fondo —agricultura, inclusión financiera, salud, educación o logística— en lugar de competir en modelos fundacionales, y los servicios de confianza digital, desde la identidad digital y la firma electrónica hasta la ciberseguridad.
Juan Francisco Martínez, presidente de ALETI, ha planteado el diagnóstico más crudo: la región adopta la IA generativa por encima de la media mundial, pero “somos consumidores, no fabricantes ni proveedores”, con sólo el 5% del entrenamiento de los modelos en español y el 3% en portugués, lo que a su juicio sitúa al propio idioma en riesgo. Ha reclamado desarrollo del talento con homologación de credenciales entre países, infraestructura y datos propios y una solución a las barreras fiscales y tributarias que hacen que muchas empresas “mueran en la frontera”, y ha propuesto llevar a Madrid tres pilares: reconocimiento mutuo de talento y credenciales digitales, un marco común de datos interoperables y una apuesta coordinada por la soberanía de la lengua en la era de la IA. Celestino García, director general de AMETIC, ha cerrado el panel subrayando que la posición española es fruto de “un ejemplo de libro de colaboración público-privada” y ha reclamado extenderla también al ámbito público-público y privado-privado, con las grandes empresas llevando de la mano a las pequeñas, en un tejido en el que el 99% son pymes. AMETIC ha puesto sobre la mesa su agenda 2026-2032, con 218 medidas abiertas a revisión permanente.
Soberanía entendida como capacidad de decisión
La sesión ha concluido con una conversación entre David Córdova, fundador y editor de Demócrata, y Miguel Escassi, responsable de Relaciones Institucionales de Google para España y Portugal, sobre el giro del debate desde la autonomía estratégica hacia la soberanía digital. Córdova ha identificado tres obstáculos recurrentes en el diálogo regulatorio —desconfianza mutua entre lo público y lo privado, asimetría de conocimiento e información y la ideologización de lo técnico— y ha señalado los cuerpos de la administración española como un activo exportable por la estabilidad y la memoria institucional que aportan. Escassi ha definido la soberanía como capacidad de decisión —sobre dónde están los datos, cómo se protegen, con qué tecnología se gestionan y con qué facilidad se cambia de proveedor— y no como aislamiento o autosuficiencia, y ha defendido que regulación e innovación no son opuestos, advirtiendo del riesgo de sobrerregulación por acumulación: cerca de 100 normas digitales aprobadas en Europa en cinco años y unos 270 reguladores. Su propuesta: compartir principios —transparencia, privacidad, seguridad y responsabilidad— y contextualizar la aplicación en cada mercado.
El cierre institucional ha corrido a cargo de Ana Capilla, directora general de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que ha trasladado el saludo de su secretario general, Mariano Jabonero, y ha recordado que la comunidad iberoamericana precede a su institucionalización política. Capilla ha situado las oportunidades en el nuevo marco europeo de Global Gateway, orientado a grandes proyectos de inversión que exigen contrapartes locales y formación asociada, y ha pedido a las empresas un mayor protagonismo: la cumbre, ha concluido, es sobre todo “una excusa para movilizarnos”.
