La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos de la cuenta oficial de Presidencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde julio de 2018 hasta ahora.
El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación contra la providencia que dictó el juez Juan Carlos Peinado el pasado 3 de septiembre, en la que ordenó dicha diligencia a los agentes del Instituto Armado al considerar que es “absolutamente desmesurada”.
Para el fiscal, la medida afecta “indudablemente” a “la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y en definitiva al derecho al entorno virtual de la persona afectada”. “Es decir, se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”, apunta, e incide en que por ello la diligencia se debió dictar a través de un auto y no una providencia. En este punto, además, ha recordado que la propia Audiencia de Madrid ya ha avisado en ocasiones anteriores al juez Peinado de que determinadas decisiones deben dictarse a través de auto.
Sostiene que la decisión “adolece de motivación”
Con todo, la Fiscalía sostiene que la decisión del instructor “adolece de la más elemental motivación” y recalca que para acordar una diligencia de este tipo “es preciso” explicar por qué se adopta y con qué finalidad.
Cuestiona además que dichos correos tengan algo que ver con la línea de investigación en la que el juez enmarcó su petición: la que trata de indagar si Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, realizó para ella funciones privadas y si, con ello, se produjo una desviación de fondos públicos.
Atendiendo al “objeto teórico de esta pieza”, apunta el fiscal, “la investigación en torno a este delito (malversación) debería ser lo único que se pretendería analizar, aunque parece que de uno u otro modo se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y en un periodo de más de siete años”.
De este modo, considera que “la ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad“. Y pregunta: “¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? (…) ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida”.
El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, solicitó estos correos en el marco de la pieza separada del procedimiento en la que el miércoles comparecieron tanto Begoña Gómez como su asesora, Cristina Álvarez.
Gómez contestó a las breves preguntas de su abogado para aclarar las funciones de su asesora, y admitió que, muy excepcionalmente, le hizo algún favor puntual, en relación a un correo que Álvarez envió a una empresa para que siguiera financiando la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La asesora, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar.
