El extraordinario programa de regularización para inmigrantes indocumentados de España —que se espera que abra la puerta a permisos de residencia para hasta medio millón de personas— se ha visto envuelto en una fuerte tormenta política. Horas después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmara que los informes internos sobre el impacto del programa habían sido declarados confidenciales, la portavoz parlamentaria del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, declaró a la prensa que el gobierno de Sánchez estaba intentando aprobar la medida “en secreto” porque es “consciente del caos que está generando”.
La regularización, respaldada por una moción multipartidista en 2025 y por más de 700 organizaciones de la sociedad civil, permitirá a los extranjeros que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 —o que habían solicitado asilo para esa fecha— solicitar un permiso de residencia de un año por circunstancias excepcionales. En la práctica, dicho permiso será convertible en la autorización estándar de dos años, que se concede a los solicitantes de reagrupación familiar y movilidad laboral. Las empresas que emplean a un gran número de trabajadores indocumentados en la agricultura, la hostelería y el cuidado de personas mayores están siguiendo de cerca la situación, ya que este proceso podría trasladar a decenas de miles de personas de la economía informal a contratos regulares sujetos a cotizaciones a la seguridad social.
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Lo que indigna al PP es la decisión del gobierno de clasificar como «reservado» ciertas partes del expediente preparatorio, limitando el acceso parlamentario. Los líderes del partido argumentan que los españoles tienen derecho a saber cómo afectará la medida a los servicios públicos, el mercado laboral y la vivienda, y que el secretismo alimenta la xenofobia.
El Ministerio del Interior, por su parte, sostiene que la clasificación solo abarca detalles operativos —como los controles antifraude, que podrían verse comprometidos si se hicieran públicos— y que las cifras principales se publicarán una vez aprobado el Real Decreto, previsto para junio. Para los gestores de movilidad, la presión política oculta una conclusión práctica: las empresas pronto contarán con un procedimiento claramente regulado para contratar a trabajadores que ya se encuentran en España pero carecen de documentación.
Los empleadores que faciliten la regularización de su personal garantizarán el cumplimiento legal, reducirán el riesgo para su reputación y accederán a una fuerza laboral más estable. Los abogados de inmigración aconsejan a las empresas que empiecen a recopilar pruebas de residencia continua —certificados de empadronamiento, recibos de alquiler, expedientes académicos— para que las solicitudes puedan presentarse en cuanto se habilite la plataforma electrónica.
Si se adopta según lo previsto, España se uniría a Italia (2020) y Portugal (2023) en el uso de regularizaciones puntuales para ajustar la oferta laboral a las necesidades demográficas. Hasta ahora, la Comisión Europea ha dejado estas decisiones en manos de los Estados miembros, pero los analistas señalan que España está probando discretamente un modelo para otros países Schengen que se enfrentan al problema de la mano de obra indocumentada.
