La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha mantenido una reunión clave con el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, en la que han puesto sobre la mesa una exigencia firme: la firma de un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria. El encuentro, marcado por la reciente asunción del ministro en la cartera, buscaba arrancar compromisos institucionales definitivos para evitar que tragedias como la de Adamuz vuelvan a repetirse en la red ferroviaria española.
Frente a las peticiones del colectivo, el ministro Cuerpo ha respondido con una promesa concreta: estudiar de manera inmediata la creación de la figura de un Defensor del Usuario Ferroviario, un órgano independiente encargado de velar por los derechos de los viajeros y de supervisar de forma autónoma las deficiencias del sistema de transportes.
Un blindaje contra la disputa política
Los representantes de las víctimas han insistido en que la seguridad en las vías no puede seguir siendo un arma de confrontación partidista. Por ello, el Pacto de Estado propuesto persigue blindar las inversiones en mantenimiento de infraestructuras y garantizar que las auditorías técnicas tras un siniestro sean completamente independientes del poder político.
“Necesitamos una ley integral que proteja al ciudadano antes, durante y después de un trayecto, y que las investigaciones no dependan de los intereses de la operadora ni del gobierno de turno”, señalaron portavoces de la asociación tras el encuentro.
Revisión de seguros y protocolos de asistencia
Además de la creación del Defensor, el titular de Transportes se ha comprometido a revisar exhaustivamente los protocolos del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y los planes de asistencia post-accidente. Las víctimas llevan tiempo denunciando la lentitud burocrática y la falta de apoyo psicológico y económico continuado una vez que los focos mediáticos se apagan.
Carlos Cuerpo ha manifestado su voluntad de mantener un canal de diálogo abierto y permanente con el colectivo, reconociendo la necesidad de humanizar la respuesta de las instituciones públicas ante las catástrofes de transporte masivo. Aunque desde la asociación valoran positivamente los compromisos, advierten que vigilarán de cerca los plazos para que las promesas se traduzcan en medidas legislativas reales.
