El Gobierno de España ha confirmado que cumplirá la resolución del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para las próximas elecciones generales. Sin embargo, desde el Palacio de la Moncloa han advertido de la enorme complejidad técnica y logística que supondrá excluir del censo electoral a las más de 163.000 personas afectadas a tan solo un mes y medio de la cita con las urnas del 29 de noviembre (29N).
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, defendió la postura gubernamental al afirmar que “en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe”. Pese al malestar, Moncloa asume que el margen de maniobra legal es mínimo, dado que la Abogacía del Estado carece de legitimación para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dejando esa vía exclusivamente en manos de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo o los propios ciudadanos afectados.
Un colapso administrativo a las puertas de las elecciones
La principal preocupación del Ejecutivo radica en la viabilidad técnica de la orden judicial. Según fuentes gubernamentales, dar cumplimiento estricto al mandato del Alto Tribunal obligará a los consulados de todo el mundo a revisar los expedientes “uno a uno y de forma manual”.
El problema principal radica en que muchos de los registros consulares no están digitalizados y las bases de datos actuales no detallan bajo qué supuesto específico se concedió la nacionalidad. Hasta la fecha, la Administración central solo ha logrado identificar a unos 70.000 ciudadanos en los registros informatizados, quedando cerca de 90.000 personas en un limbo burocrático cuya depuración manual se considera casi imposible en los plazos electorales.
El auto del Supremo estipula que solo podrán ejercer el sufragio aquellos nuevos ciudadanos que obtengan una certificación expresa de su consulado que demuestre que sus ascendientes directos fueron exiliados políticos, ideológicos o de creencia. No obstante, las oficinas en el exterior ya han alertado de la falta de personal y de tiempo material para emitir dichos documentos antes del envío masivo de las papeletas del voto CERA (Censo de los Electores Residentes-Ausentes).
Ofensiva de la oposición y movilización civil
El revés judicial ha espoleado el debate político en plena precampaña. Mientras el Partido Popular (PP) ha celebrado el dictamen tachando de “chapuza” la instrucción original del Gobierno, Vox ha decidido elevar la presión. La formación liderada por Santiago Abascal ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a presentar un plan de actuación inmediato antes del 20 de octubre para garantizar la limpieza del censo.
Por su parte, las asociaciones de descendientes no se han quedado de brazos cruzados. Colectivos como el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU) ya han registrado sus alegaciones ante el Alto Tribunal, en un intento desesperado por defender su derecho al voto y salvaguardar su participación en los comicios del 29 de noviembre.
