El panorama político español vive una jornada de máxima tensión. Formaciones de todo el arco parlamentario han sumado sus voces para exigir la destitución inmediata de la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director General Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas caso Leire. La petición en bloque de la derecha y de varios socios de izquierda llega tras conocerse su imputación en el denominado ‘caso Leire’ caso Leire. Por su parte, el Ejecutivo central ha cerrado filas en torno a los mandos policiales y ha reclamado calma institucional caso Leire.
El Gobierno se atrinchera en la “presunción de inocencia”
La primera reacción oficial del Ejecutivo ha llegado a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha apelado formalmente a la “serenidad” y al respeto escrupuloso de la presunción de inocencia caso Leire. Desde el Palacio de la Moncloa se rechaza, por el momento, acometer cualquier tipo de relevo fulminante en la cúpula del Instituto Armado, argumentando que hay que dejar trabajar a los tribunales antes de tomar decisiones políticas de tal calado.
Un frente político unánime contra la cúpula policial
Pocas veces coinciden en el diagnóstico los partidos de la oposición y las fuerzas que habitualmente sostienen al Gobierno, pero la gravedad de las imputaciones ha provocado un frente común inédito:
- La derecha denuncia degradación institucional: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la situación de “deshonor” para el cuerpo y ha censurado que el verbo dimitir haya “desaparecido del diccionario” de un Gobierno donde, a su juicio, la corrupción se ha instalado en el corazón del Estado. En una línea similar, Vox ha exigido la destitución de los investigados, recordando que ni la Justicia ni la Guardia Civil pertenecen al Partido Socialista.
- La izquierda exige responsabilidades éticas: En el flanco izquierdo, Podemos ha tildado de “absolutamente lamentable” que Mercedes González continúe en el cargo y considera “patético” que el presidente Pedro Sánchez no haya firmado ya su cese. Asimismo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha apremiado a la directora a “hacerse a un lado” de forma inmediata para blindar la reputación de la benemérita institución.
Citación judicial para el 16 de julio
La tormenta política se desató tras la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de citar a declarar como investigados a González y a Llamas para el próximo 16 de julio caso Leire. La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia, derivados de supuestas maniobras e intercambios vinculados a la exmilitante socialista Leire Díez.
A la asfixiante presión política se suma el descontento interno dentro de las propias filas de las fuerzas de seguridad. Las principales agrupaciones profesionales, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y JUCIL, ya han manifestado que no se puede aplicar un doble rasero ético y exigen apartar a los investigados de sus despachos oficiales mientras se resuelva su situación procesal caso Leire.
