El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, anunció este lunes un compromiso central para la próxima legislatura: reformar la Constitución Española con el objetivo de blindar de forma permanente las pensiones públicas y garantizar por ley su revalorización anual conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).
Durante un mitin de precampaña electoral celebrado en Gijón (Asturias) ante miles de simpatizantes, el líder socialista justificó la urgencia de esta medida como un escudo institucional indispensable frente a lo que calificó como una “amenaza real” por parte del Partido Popular (PP) y Vox. Según Sánchez, el bloque de la derecha busca implementar recortes y avanzar hacia la privatización del sistema público de jubilaciones.
Un blindaje contra los recortes
En su intervención, Sánchez contrapuso el modelo del actual Ejecutivo de coalición con la gestión de la década pasada, recordando la “contrarreforma” aplicada bajo el mandato del expresidente popular Mariano Rajoy, la cual, según señaló, congeló el poder adquisitivo de los mayores y obligó a los jubilados a movilizarse masivamente en las calles. Con esta reforma constitucional, el PSOE busca evitar que futuros gobiernos conservadores puedan revertir los avances actuales.
De cara a las próximas elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre de 2026, el mandatario hizo un llamamiento a la movilización masiva para alcanzar una mayoría amplia en el Congreso de los Diputados que garantice la estabilidad política y el avance del país.
El reto del consenso parlamentario
Este anuncio se suma a la propuesta formulada días atrás en Granada, donde Sánchez también adelantó su intención de reformar el texto constitucional para proteger el derecho al aborto, en respuesta a las posturas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia de plazos y menores.
No obstante, la viabilidad de estas reformas constitucionales se enfrenta a un complejo panorama aritmético. Cualquier modificación de la Carta Magna en España requiere mayorías altamente cualificadas en las Cortes Generales de las que actualmente el bloque gubernamental carece por sí solo, obligando a consensos con la oposición que, en el actual clima de polarización política, se vislumbran difíciles de concretar.
