El Gobierno ha aprobado este martes, y enviado al Congreso para su tramitación, el proyecto de Ley Orgánica de Protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Según ha informado el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros, entre las principales novedades que introduce está considerar ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines comerciales mediante la inteligencia artificial o tecnologías similares, como los llamados ‘deepfakes‘. También se pone la mira en los ‘true crimes’ que no guarden respeto a las víctimas.
Se trata de una norma más garantista y adaptada al entorno digital con la que se sustituirá la ley de 1982. El objetivo, ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es devolver a las personas el control sobre su imagen y su reputación en el entorno físico y digital.
“La ley que hoy aprueba el Gobierno consigue los tres objetivos de adaptarnos a la legislación que tanto ha cambiado desde 1982; en segundo lugar adaptarnos a las tecnologías hoy existentes como la IA (Inteligencia Artificial), que evidentemente en los 80 no existían, y tercero proteger mejor a los menores, las personas con discapacidad y la imagen de las personas fallecidas”, ha afirmado el ministro en la rueda de prensa posterior al Conejo de Ministros.
El Ejecutivo aprobó ya este texto en primera vuelta el 13 de enero, como anteproyecto de ley, y ahora, después de las mejoras incorporadas tras las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Consumidores y Usuarios y la Agencia Española de Protección de Datos, el Gobierno la envía al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Las principales novedades
El Gobierno asegura que la ley, de ser aprobada, pondrá freno a las prácticas depredadoras en las redes y da más poder a las personas en detrimento de quienes buscan lucrarse a costa de su honor y de su imagen. Por primera vez, se limitan los ‘deepfakes’ -contenidos generados con IA que hacen parecer que una persona real dice o hace cosas que nunca ocurrieron-.
Además, se adoptarán medidas para que la difusión del contenido con efectos lesivos no continúe en los entornos digitales y se establecerá que compartir imágenes personales en redes sociales no suponga que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.
“El hecho de compartir un video, una fotografía, cualquier contenido en una red social no significa que renuncies a esa imagen y por tanto no tengas que consentir que se pueda utilizar para una finalidad distinta para lo cual tú la has colgado”, ha expresado Bolaños.
“Es decir, nadie podrá utilizar las imágenes que utilizamos en nuestras redes sociales personales para ponerlas en otro contexto alejado de la finalidad que uno tenía cuando la cuelga en su propia red social. También preservamos el derecho a la libertad de expresión, de tal manera que cuando esas imágenes se limiten a hechos de relevancia publica es la excepción que la ley prevé para que se puedan utilizar”, ha matizado.
Los ‘true crime’ que no respeten a las víctimas
Entre los puntos del proyecto está también proteger las víctimas de los victimarios que utilicen el delito para beneficio propio -lo que se considerará una intromisión ilegítima en los derechos de las personas- si esto les causa un nuevo sufrimiento, como ocurre con las películas o series sobre crímenes mediáticos, conocidos como ‘true crime’.
Los límites del consentimiento sobre la propia imagen se apreciarán atendiendo a la finalidad para la que fue otorgado, al contexto en el que se produjo, al ámbito de difusión previsto y a las expectativas razonables de la persona afectada.
Se mejora también la protección de los menores: se sitúa en los 16 años la edad a partir de la que pueden prestar consentimiento respecto al uso de la propia imagen. Pero se matiza que, aunque se cuente con su consentimiento, si se menoscaba su honor se considerará una intromisión ilegítima en sus derechos. También exige la intervención del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos cuando el perjudicado sea menor de edad.
En cuanto a la imagen de las personas fallecidas, se amplía su protección al incorporar la posibilidad de prohibir mediante testamento (o a través de una persona designada) la utilización de su imagen o de su voz para fines comerciales o similares.
Equilibrio con la libertad de expresión
El Gobierno incluye esta iniciativa en el Plan de Acción por la Democracia que presentó en septiembre de 2024. Bolaños ha indicado que ya son 27 de 31 totales las medidas completadas o en tramitación avanzada.
“Queremos devolver el poder sobre su propia imagen a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos“, ha remarcado el ministro.
El texto mantiene las excepciones que ya preveía la ley vigente de 1982, o reconocidas por jurisprudencia. Es así que no se consideran intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas por la autoridad competente o la difusión de comunicaciones privadas cuando el contenido tenga carácter noticiable por la materia o por las personas que intervengan.
Se incorpora además una nueva excepción para los casos de uso de IA o tecnologías similares. Si el afectado es una persona con proyección pública, se protege la libertad de expresión siempre y cuando estas técnicas se usen en un contexto creativo, satírico o de ficción y se indique que se está utilizando esta tecnología.
El ministro ha defendido la necesidad de una regulación fuerte a la capacidad de las herramientas digitales para generar o recrear imágenes y voces de forma muy realista, pero ha asegurado que esta norma mantiene un equilibrio adecuado con la libertad de expresión y de creación.
El proyecto de ley también regula por primera vez los criterios para ponderar la gravedad del daño causado por las intromisiones: reincidencia, vulneración de uno o varios derechos fundamentales, gravedad de las expresiones utilizadas.
