El Gobierno de coalición ha iniciado formalmente el análisis de las exigencias planteadas por Junts per Catalunya con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios para la aprobación del nuevo Real Decreto Ley de Vivienda, cuyo borrador prevé presentarse en el Consejo de Ministros este próximo martes. Fuentes del Ejecutivo han asumido públicamente la necesidad de flexibilizar su postura, manifestando que “para un acuerdo debe haber cesiones” ante la falta de una mayoría parlamentaria garantizada en el Congreso de los Diputados.
Las conversaciones entre ambas formaciones se centran principalmente en las demandas de los independentistas catalanes para incluir bonificaciones y rebajas fiscales destinadas a los propietarios que se vean afectados por las prórrogas forzosas en los contratos de arrendamiento. A pesar de las reticencias históricas del ala más a la izquierda del Ejecutivo frente a los incentivos fiscales, el socio minoritario de la coalición, Sumar, ha expresado por medio de su portavoz su disposición a evaluar estas medidas debido a la urgencia de la crisis inmobiliaria actual.
El impacto del “caso Maricarmen” y el control de alquileres
La presión para acelerar la normativa se ha intensificado tras la oleada de protestas sociales desencadenada por el desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad. Colectivos de inquilinos han exigido una respuesta inmediata para frenar los lanzamientos habitacionales, lo que ha llevado al sector del PSOE y sus socios a buscar el blindaje de las moratorias antidesahucios y el endurecimiento de los controles sobre los alquileres de temporada y por habitaciones.
No obstante, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha querido marcar distancias con algunas de las propuestas más radicales surgidas desde sus socios de legislatura, como la expropiación del inmueble de la anciana afectada, advirtiendo que este tipo de iniciativas carecen de un encaje legal claro en el marco jurídico nacional y apostando por soluciones estructurales negociadas.El Gobierno de coalición ha iniciado formalmente el análisis de las exigencias planteadas por Junts per Catalunya con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios para la aprobación del nuevo Real Decreto Ley de Vivienda, cuyo borrador prevé presentarse en el Consejo de Ministros este próximo martes. Fuentes del Ejecutivo han asumido públicamente la necesidad de flexibilizar su postura, manifestando que “para un acuerdo debe haber cesiones” ante la falta de una mayoría parlamentaria garantizada en el Congreso de los Diputados.
Las conversaciones entre ambas formaciones se centran principalmente en las demandas de los independentistas catalanes para incluir bonificaciones y rebajas fiscales destinadas a los propietarios que se vean afectados por las prórrogas forzosas en los contratos de arrendamiento. A pesar de las reticencias históricas del ala más a la izquierda del Ejecutivo frente a los incentivos fiscales, el socio minoritario de la coalición, Sumar, ha expresado por medio de su portavoz su disposición a evaluar estas medidas debido a la urgencia de la crisis inmobiliaria actual.
El impacto del “caso Maricarmen” y el control de alquileres
La presión para acelerar la normativa se ha intensificado tras la oleada de protestas sociales desencadenada por el desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad. Colectivos de inquilinos han exigido una respuesta inmediata para frenar los lanzamientos habitacionales, lo que ha llevado al sector del PSOE y sus socios a buscar el blindaje de las moratorias antidesahucios y el endurecimiento de los controles sobre los alquileres de temporada y por habitaciones.
No obstante, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha querido marcar distancias con algunas de las propuestas más radicales surgidas desde sus socios de legislatura, como la expropiación del inmueble de la anciana afectada, advirtiendo que este tipo de iniciativas carecen de un encaje legal claro en el marco jurídico nacional y apostando por soluciones estructurales negociadas.
